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Máximo Kirchner presentó ante el juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa Hotesur, un escrito donde afirma que “Han sido vulneradas de manera grosera las pautas más elementales que hacen al debido proceso legal” y solicitó su sobreseimiento.

En su descargo Máximo Kirchner afirma que: “En primer lugar, se ha formulado una grave acusación en mi contra sin siquiera atribuírseme un hecho puntual, concreto y específico de carácter prima facie delictivo. Por el contrario, la imputación se sostiene en un relato vago que solo describe operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas, que fueron declaradas por las partes intervinientes ante todos los organismos de control pertinentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, llevadas a cabo dentro del circuito bancario y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes.

En segundo lugar, existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado todas las transacciones a las que se hace referencia, descartando la existencia de delitos, entre ellos, el de lavado de activos”, dice Máximo Kirchner en el escrito que presentó ante el juez Ercolini.

Y agregó: “Lejos de ser novedosos, los hechos redenunciados, ahora como una presunta operatoria de lavado de activos de origen delictivo ya no como un supuesto enriquecimiento ilícito eran los mismos que habían sido auditados por la justicia. Es decir, las operaciones que se me imputan fueron analizadas en, por lo menos, cuatro procesos judiciales que concluyeron con el dictado de sendos sobreseimientos o el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.”

A continuación el escrito completo presentado por el diputado ante el magistrado.

Seor juez:

Máximo Carlos Kirchner, DNI 25.869.310, por mi propio derecho, con domicilio real en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, junto con mis abogados defensores, Dres. Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20 13430665 4 y Ary Rubén Llernovoy, CUIT 20 35317032 6, en la causa N 11352/2014, caratulada “FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD”, del registro de ese Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 10, Secretaría N 19, con domicilio constituido en Av. digo:

I. Objeto

Que, en uso de las facultades que confieren los arts. 72 y siguientes de la ley procesal penal vengo a formular el presente descargo, el cual solicito sea incorporado a esta causa en el marco de la audiencia a la cual he sido citado a prestar declaración indagatoria.

A mérito de las consideraciones que serán desarrolladas en esta presentación corresponde que se dicte mi sobreseimiento en orden a los hechos que se me atribuyen, con expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afecta mi buen nombre y honor (art. 336 in fine del CPPN).

En atención a la inusitada gravedad institucional del caso y las garantías constitucionales que se ven afectadas (vgr., principio de legalidad, derecho de defensa en juicio y ne bis in ídem) hago expresa reserva de acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos por las vías legales pertinentes.

II. El descargo

Tal como se describiera en detalle en el escrito presentado en estas mismas actuaciones por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner cuyos fundamentos hago propios y doy aquí por reproducidos han sido vulneradas de manera grosera las pautas más elementales que hacen al debido proceso legal.

Tan grave afirmación se sostiene, entre otras circunstancias, en las siguientes:

En primer lugar, se ha formulado una grave acusación en mi contra sin siquiera atribuírseme un hecho puntual, concreto y específico de carácter prima facie delictivo. Por el contrario, la imputación se sostiene en un relato vago que solo describe operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas, que fueron declaradas por las partes intervinientes ante todos los organismos de control pertinentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, llevadas a cabo dentro del circuito bancario y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes.

En segundo lugar, existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado todas las transacciones a las que se hace referencia, descartando la existencia de delitos,
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entre ellos, el de lavado de activos. Veamos.

Causa N 9318/04, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 10, Secretaría N 20. El 26 de marzo de 2005 se sobreseyó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en orden al delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 268 (2) y (3) del Código Penal.

Causa N 1338/08, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 6, Secretaría N 11. El 11 de abril del ao 2008 se desestimó la denuncia que dio origen a esta causa por inexistencia de delito (nuevamente, enriquecimiento ilícito) y el 12 de agosto de 2012 se sobre seyó a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Causa N 9423/09, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 5, Secretaría N 9. El 18 de diciembre de 2009, una vez más, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron sobreseídos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. y la hostería Las Dunas.

Todas estas transacciones, debidamente declaradas, bancari zadas y por las que se pagaron los impuestos correspondientes algo que ni siquiera se encuentra cuestionado fueron evaluadas, entre otras diligencias, a través de una amplia pericia contable practicada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual desestimó cualquier tipo de irregularidad a su respecto.

Causa N 8959/10, del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 10, Secretaría N 20.

No conformes con los sobreseimientos aludidos, en el ao 2010 los Diputados Juan Carlos Morán, Adrián Pérez, Carlos Come y Horacio Piemonte presentaron una nueva denuncia en la denominada “causa madre” (Expte. N 15.734/2008) titulada “AMPLAN. SOLICITAN SE INVESTIGUE LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIN ILCITA”.

Lejos de ser novedosos, los hechos re denunciados, ahora como una presunta operatoria de lavado de activos de origen delictivo ya no como un supuesto enriquecimiento ilícito eran los mismos que habían sido auditados por la justicia en los expedientes aludidos: compraventa de propiedades por parte del “matrimonio Kirchner”, plazos fijos realizados en el Banco de Santa Cruz y adquisición y posterior enajenación de tierras fiscales en esa provincia.

El día 9 de agosto de 2010, el mismo juez que interviene en esta causa, Dr. Julián Ercolini, archivó las actuaciones sin más trámite, sealando que no era válido renovar la persecución penal a mérito de episodios que ya habían sido investigados y sobreseídos por la justicia. El fiscal actuante, Dr. Guillermo Marijuán, fue quien propició este temperamento y, naturalmente, consintió la decisión del magistrado.

Es decir, las operaciones que se me imputan fueron analizadas en, por lo menos, cuatro procesos judiciales que concluyeron con el dictado de sendos sobreseimientos o el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Además, hace ya siete aos, el juez Julián Ercolini sostuvo que, por aplicación de la garantía ne bis in ídem, resultaba imposible renovar la persecución penal en orden a esos mismos hechos, invocándose para ello, como ahora, una nueva significación jurídica (el supuesto delito de lavado de activos).

Causa N 3732/2016, del registro del Juzgado Criminal y Correccional N 11, Secretaría N 21.

Recientemente, en el marco de la causa “Los Sauces”, la UIF presentó el informe 100/2016, en el cual formuló una acusación basada en que los plazos fijos realizados por el Dr. Néstor Kirchner con el Banco de Santa Cruz serían una “línea de acumulación de efectivo con carácter ilegal”. Como puede apreciarse, se trata de hechos que ya fueron evaluados en los cuatro procesos judiciales citados precedentemente.

A la luz de los minuciosos informes presentados por el Banco de Santa Cruz y el Banco Central de la República Argentina,
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el juez intervi niente no tuvo más remedio que archivar las actuaciones por inexistencia de delito (19/06/17).