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Tal como marchan las cosas, el exgobernador Rubén Moreira terminará peor que su hermano Humberto. Después de entregar un estado en crisis, ahora da clases de cómo se debe gobernar. Gerardo Moyano publica en el bisemanario Espacio 4 un texto sobre el operador electoral del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

“‘A veces hay que estar en la banca, como en el beisbol, espero que no todo el partido'”, así cierra Rubén Moreira una conversación con la revista Alcaldes de México, impresa el 30 de noviembre del ao pasado, último día que ocupó el cargo como gobernador.

“Su tiempo ‘en la banca’ resultó fugaz. El 22 de diciembre fue designado secretario de Acción Electoral del PRI y el 10 de febrero saltó a secretario de Organización, el tercer puesto más importante. Tras esta designación, corrió el rumor de que podría sustituir a Enrique Ochoa como líder del CEN.

“El presidente Pea Nieto lo dejará (a Enrique Ochoa) al frente del PRI el tiempo que considere necesario, y si piensa que el arranque de campaa a finales de marzo requerirá un nuevo dirigente, entonces procederá.

Por lo pronto, ya colocó a un experimentado operador, en la línea de sucesión, Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila”, escribe Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal (El Financiero 13.02.18). ()

“Rubén () pontifica cómo se debe gobernar, después de dejar a Coahuila en graves problemas financieros y de otra índole. La portada de la revista Alcaldes de México, correspondiente a diciembre de 2017 y enero de 2018, muestra a Rubén Moreira sonriente, junto al título: En Coahuila Así se Detonó el Crecimiento. ()

“En las páginas centrales, Moreira explica cómo hizo para combatir el problema de inseguridad ‘que había estancado el crecimiento económico y había impactado de manera negativa en el turismo’: con mejores sueldos para la policía, más cuarteles militares, cierre de casinos, de puestos de venta ilegal de alcohol, de yonkes, de casas de empeo, etcétera. ()

“El autor de la nota, David Galicia, destaca: ‘El sistema anticorrupción del estado establece que se tiene que georreferenciar la ubicación de las empresas que se instalan en la entidad, lo cual impide que haya empresas fantasma’. Un mes después, la Auditoría Superior del Estado (ASE) comprobó el desvío de al menos 410 millones de pesos en contratos públicos firmados con empresas fantasma (Espacio, 4 579).

“Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas investigue el destino de 302 millones 112 mil 500 que el estado no entregó a la UAdeC.

“La institución cometió irregularidades de control administrativo por 99.2 millones de pesos, y un subejercicio por más de 30 millones. La ASF advierte que ‘la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016’. Lo mismo concluye por las irregularidades en las cuentas del estado por 837 millones de pesos. ()

“La realidad desmiente el discurso de Rubén Moreira. El tiempo dirá si, como en el caso de su hermano Humberto, el escándalo le cuesta su flamante puesto en el PRI nacional. O tal vez deba esperarse a que haya un nuevo inquilino en Los Pinos para que se castigue el saqueo que durante los dos últimos sexenios ha vaciado las arcas de Coahuila”.

La posición de México en el ndice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017 de Transparencia Internacional (TI), donde ocupa el lugar 135 de 180 países, y la creciente ausencia de castigo que registra el ndice Global de Impunidad 2018 de la Universidad de las Américas Puebla, demuestra la falta de voluntad del Gobierno para combatir los fenómenos y ofrece a los candidatos presidenciales elementos para elaborar una agenda seria en materia anticorrupción. Nuestro país descendió 12 lugares en el IPC con respecto al ao previo y obtuvo 29 puntos (14 por debajo de la calificación promedio de 43) en una escala de 0 a 100, donde cero es “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”.

México está apenas ocho lugares por encima de Guatemala (143), donde los expresidentes Otto Pérez y lvaro Colom fueron encarcelados por delitos de corrupción. TI reconoce avances significativos en América Latina y el Caribe, y cita varios ejemplos: Chile aprobó en 2016 una ley de probidad pública para prevenir conflictos de interés en el sector gubernamental; Bahamas cuenta ya con una ley sobre el acceso a la información pública; Guyana implementó mecanismos para la contratación pública y Jamaica creó una agencia anticorrupción consolidada para realizar investigaciones.

Mientras en México el Sistema Nacional Anticorrupción no ha pasado de la retórica y ni un pez gordo ha sido enjuiciado por el caso Odebrecht, en Brasil, Ecuador y Perú el escándalo “resultó en sanciones para empresarios y figuras políticas de los niveles más altos () debido a su participación en sobornos en financiamiento ilegal a cambio de contratos públicos. En Guatemala, la oficina del abogado y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) están investigando a políticos y hombres de negocios en los casos de corrupción, incluida la financiación ilegal del actual presidente Jimmy Morales. Además, las investigaciones sobre el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también avanzaron considerablemente”, dice el informe de TI.

Frente a la creación de nuevas leyes, mecanismos y de una creciente movilización ciudadana contra la corrupción, la organización advierte “cierta información inquietante: a pesar de los intentos de combatir la corrupción en todo el mundo, la mayoría de los países avanza demasiado lentamente en sus esfuerzos. Si bien detener la marea contra la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis aos muchos países han avanzado poco o nada ()”.

Algunas regiones registran progresos, admite Transparencia, pero “todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales en toda la región. Los países que priorizan la lucha contra la corrupción y crean una política nacional a través de censos y participación pública y política están mejor posicionados para dar un importante salto cualitativo. Por el contrario, aquellos países que no priorizan los problemas de corrupción de esta manera pueden perder terreno ao tras ao”.

En América Latina y el Caribe, los países más exitosos en la lucha contra el flagelo son Uruguay, Barbados, Chile y Costa Rica, ubicados en los lugares 23, 25, 26 y 38 del ranking, con 70, 68, 67 y 59 puntos, respectivamente. México es superado incluso por las islas de San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Cuba, Jamaica y Guayana. Por debajo de nuestro país se encuentran Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.

El presidente Pea Nieto se vuelve más irascible conforme se acerca el final de su sexenio. Razones sobran: Donald Trump lo atosiga con el muro, su popularidad está por el suelo, su delfín José Antonio Meade no despega en las encuestas y el ambiente en el 89 aniversario del PRI (el 4 de marzo) resultó más fúnebre que festivo. Entretanto, Andrés Manuel López Obrador se consolida en primer lugar y la embestida de la PGR y del PRI para eliminar de la contienda a Ricardo Anaya, con acusaciones de lavado de dinero, surtió el efecto contrario.

Los reproches de Pea Nieto contra los medios de comunicación críticos y las redes sociales son cada vez más frecuentes. No en vano, pues la realidad se niega a someterse a los deseos del poder. En este sexenio el gasto en publicidad rondará los 60 mil millones de pesos, según Paulina Castao, de Fundar Centro de Análisis e Investigación (Reforma, 10.11.17). En el periodo 2013 2017 se ejercieron 37 mil millones de pesos, 71% por encima de los 21 mil 97 millones aprobados por la Cámara de Diputados.

El resultado en este rubro también ha sido desastroso, pues Pea es el Presidente peor calificado. La mayoría del gasto se ha destinado a medios adictos al gobierno, algunos de los cuales son utilizados para golpear a las oposiciones, representadas por López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) y Ricardo Anaya, de Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

En la embestida contra Anaya, la PGR llegó al extremo de publicar el video de su comparecencia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La autoridad negó violar norma alguna y argumentó que la grabación se difundió “por el interés público mostrado por los medios de comunicación”. La atención social y de la prensa es mayor en el caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Gobierno federal, sobre los cuales la PGR ha guardado silencio.

El presidente Pea no solo niega que la corrupción haya aumentado en su gobierno; al contrario, es el que más la ha combatido, declaró a la periodista Adela Micha en el foro Impulsando a México: La fortaleza de sus instituciones, auspiciado por Grupo Financiero Interacciones y El Financiero Bloomberg en octubre del ao pasado. Pea recriminó a la sociedad y los medios ver corrupción por todas partes. “Casi casi, si hay un choque aquí en la esquina: ‘fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo, quién compró el semáforo que no funcionaba?'” (Animal Político, 16.09.17).

Pea no se explica por qué ahora se habla tanto del tema y en el pasado no: “Lo sigo pensando, creo que por décadas la convivencia en nuestro país estuvo marcada y sealada por estas prácticas que se veían así como ‘normales’, como ‘regulares’ y que nadie estigmatizaba como corrupción”. La respuesta está en el ndice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, donde nuestro país obtuvo una calificación de 29 puntos (el promedio es de 43) y se ubica en el lugar 135 de 180. Diez aos atrás ocupaba el puesto 72 con 36 puntos. También en términos de corrupción, México es el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si el tema domina hoy la agenda política y social, es porque la corrupción alcanzó las máximas esferas del poder, porque lo invade todo y porque el Gobierno, en lugar de combatirla, la fomenta.

México es el país de los bandazos. Cada presidente y gobernador maneja las instituciones a su arbitrio, lo que explica el caos. Coahuila, por ejemplo, dejó de tener secretario de Seguridad Pública en 2009, cuando se creó la Fiscalía General en el gobierno de Humberto Moreira. En su lugar se crearon distintas figuras entre ellas las de comisionado , pero el tema se manoseó tanto que el estado terminó por convertirse en tierra de nadie. o mejor dicho, de la delincuencia organizada, según el estudio de la Universidad de Texas “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”. La investigación, que entre otras cosas advierte sobre “el involucramiento de los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012”, se presentó el ao pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Tres aos después, Rubén Moreira hermano y sucesor de Humberto desapareció la Fiscalía para revivir la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Moreira II revirtió su proyecto transexenal de justicia y seguridad para estar a tono con el presidente Pea Nieto, quien suprimió la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) para concentrar sus funciones en Gobernación (Segob), lo cual significó, además de un retroceso, el fracaso de la estrategia contra el narcotráfico. La SSP se instituyó en la administración de Fox y continuó en la de Calderón para quitarle el tinte policiaco a la Segob y atender un problema que, por haberse descuidado en el pasado y ahora de nuevo, tiene al país en una nueva crisis de inseguridad con decenas de miles de muertos.

Después de nueve aos sin secretario de Seguridad (el último, formal, fue Fausto Destenave) el gobernador Miguel Riquelme designó a José Luis Pliego Corona, exdirector de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Policía Federal (dependiente de la Segob), quien asumirá el cargo 23 de marzo, día de San Toribio, uno de los mártires de la persecución religiosa y patrono de los migrantes. Pliego es abogado por la UNAM, maestro en Administración Pública por el INAP y cuenta con una amplia trayectoria policial avalada por el CIDE y el CISEN. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia lo certificaron en Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Plan Mérida, iniciado en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica. Ojalá no resulte como los tecnócratas que ostentan infinidad de diplomas pero en la práctica resultan, en el mejor de los casos, una nulidad.

Pliego fue arropado antes por el Grupo Atlacomulco, cuyos días en Los Pinos están contados. En 2010, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Pea Nieto, lo nombró comisario general de la Policía Ministerial. Su jefe directo era el procurador Alfredo Castillo, sustituto de Alberto Bazbaz, responsable de la investigación del caso Paulette, la nia que “desapareció” el 22 de marzo de 2010 y nueve días después “apareció” muerta a los pies de su cama. (Bazbaz dirige ahora el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se imagina?). Después tomaron caminos distintos. Castillo fracasó en todos (titular de la Profeco, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y director de la Conade). A Pliego no le espera un día de campo. Fuerza Coahuila (la policía represiva de Rubén Moreira), no sólo debe desaparecer, sino ser investigada.

México jamás ha emprendido una auténtica lucha contra la corrupción. Antes de la alternancia, los presidentes manchados por el escándalo eran sucedidos por los candidatos más antitéticos, como una forma de aplacar la ira social: Ruiz Cortines reemplazó a Alemán; De la Madrid a López Portillo; y Zedillo a Salinas de Gortari. Frente a los excesos de su predecesor y de su camarilla, De la Madrid adoptó como lema de campaa el de la “renovación moral”, la cual nunca pasó del discurso. En cambio, Zedillo, sin alardes, encarceló al exprimer hermano del país, Raúl Salinas de Gortari, por el asesinato de su cuado José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito.
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